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Una cosa es equivocarse y otra cosa es mentir. En el primer caso cabe y se da la rectificación, en el segundo no se asume la responsabilidad y la mentira se convierte en reiterado recurso retórico. Ejemplos en relación al proyecto de ley de comunicación que se trata en la Asamblea permiten ilustrar lo señalado por Alberto Maldonado quien reflexiona además sobre el polémico tema de la profesionalización del periodista.
por Alberto Maldonado S.
Periodista Ecuador
En periodismo, una cosa es equivocarse; y otra, muy distinta, mentir.
La equivocación tiene un remedio: la rectificación INMEDIATA y en los mismos términos en que fue difundida. Y aún así, es casi imposible que la equivocación sea rectificada, en un ciento por ciento. Nadie garantiza que un lector, un radioyente, un televidente, perciba a entera satisfacción la equivocación mediática y su correspondiente rectificación.
Aceptemos, con las debidas reservas, que hay medios de comunicación que se equivocan. DE BUENA FE. Y una manera de saber si la equivocación ha sido de buena o de mala fe, es si el medio acepta que ha cometido el equívoco y lo rectifica sin más; práctica que es mucho menos común que lo que uno piensa. Por lo general, el medio acepta a regañadientes que se ha equivocado y ensaya cualquier explicación adicional, que termina confundiendo aún más lo que se trata de aclarar.
De la mentira algo queda
Desde hace décadas, sin embargo, los medios comunicacionales del sistema (privados, independientes, comerciales) SE EQUIVOCAN MUCHO MENOS Y MIENTEN MUCHO MÁS. Y como la mentira es mucho más intencionada, entonces casi no hay lugar a la rectificación. Y si el medio tiene que aceptar una rectificación, a una mentira, pues le ponen una coletilla que por lo general es mucho más perversa que la propia mentira.
Siempre me gustó explicar lo que quiero decir o demostrar mediante ejemplos concretos. Eso me enseñó la cátedra universitaria de más de tres décadas.
La gran prensa (escrita, hablada, televisada) desde hace más de un año, por ejemplo, nos habla y nos advierte que el sector oficialista tramita una ley de medios que será una ley mordaza y que ellos defienden la democracia y la libertad de expresión.
En primer lugar, lo que la Asamblea Nacional tramita, por mandato constitucional, es una Ley de Comunicación que abarca y trata de regular lo que hoy en día es un derecho, quizá el más importante, que tenemos TODOS LOS SERES HUMANOS; el derecho a expresarnos con libertad y sin restricciones pero SIEMPRE RESPETANDO EL DERECHO DE LOS DEMÁS. Así como no hay una libertad absoluta, tampoco hay una libertad de expresión absoluta. Y peor una libertad absoluta DE LOS MEDIOS COMUNICACIONALES QUE, EN SU MAYORÍA, SE DEBEN Y DEPENDEN DEL SISTEMA.
Para que un proyecto de ley pase a ser ley, aquí o en la Cochinchina, tiene primero que entrar en vigencia, conforme a derecho. Así que es una estupidez calificar a un proyecto (que quién sabe si llegará a ser ley) de ley mordaza. Peor aún si, de lo que se conoce y se ha leído, el proyecto que está en proceso en la Asamblea tiene nada de ley mordaza.
Los medios y sus promotores mediáticos mienten deliberadamente cuando quieren encontrar en el proyecto, disposiciones que podrían ser contrarias al derecho universal de la libertad de expresión.
Uno de los argumentos que exhiben los sipianos (de la SIP) para argumentar que el proyecto es contrario a la libertad de expresión, es una disposición constante en el proyecto según la cual los asambleístas reconocen que, para ejercer el periodismo, hay que ser un profesional universitario, tal cual lo dispone la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista, dictada el 30 de septiembre de 1975 (es decir, hace 35 años). En ese cuerpo legal, los artículos 14 y 15 establecen con claridad las áreas (o ámbitos) en los cuales los medios deben ocupar OBLIGATORIAMENTE A UN PERIODISTA PROFESIONAL (la recuperación de contenidos, la elaboración de noticias, la elaboración de crónicas, reportajes, el ensayo de entrevistas, etc.) y los que pueden ser ensayados por cualquier persona (los artículos de opinión, principalmente) y en los que el periodista profesional tiene UNA PREFERENCIA.
Al margen de que los grandes medios comerciales han transgredido sin temor alguno esta Ley y la han violado sistemáticamente desde su promulgación, solo en la mente perversa de los retrógrados de siempre (la SIP-CIA sostiene, desde hace décadas, que la profesionalización del periodista es contraria a la libertad de expresión) puede suponerse que LA OBLIGACIÓN que tenemos los periodistas por perfeccionarnos, por superarnos, académicamente, para servir mejor a nuestros conciudadanos, puede ser un acto contrario a la libertad de expresión. Lo que no dicen los empresarios de la comunicación es que, para ellos y sus fines políticos, sociales, siempre será preferible el joven poco preparado que recibe consignas y dice lo que le dicen que debe decir.
En clase, siempre ponía como ejemplo la similitud que hay entre el periodista profesional y otros profesionales académicos. ¿No es verdad que todos, en algún momento, opinamos y hasta nos recetamos medicación, sin contar con un profesional de la medicina? ¿No es verdad que en algún momento, todos opinamos sobre asuntos legales o judiciales? ¿No es verdad que en algún instante somos planificadores y economistas porque opinamos sobre estos asuntos? Y preguntaba: ¿por qué entonces, todos los que pretenden tener derecho a ejercer el periodismo profesional, solo porque alguna vez escribieron un comentario o tienen una idea sobre un asunto comunicacional, no se consideran también médicos, abogados, arquitectos, solo porque alguna vez OPINARON sobre algún tema médico, político? ¿Qué dirían estos profesionales universitarios si en el parlamento, unos asambleístas estilo Cobos o Tibán, pretendieran sin más que se les reconozca su derecho a medicar, a elaborar alegatos o planos arquitectónicos, solo porque pueden tener algún criterio sobre un tema profesional?
Otro descubrimiento de los expertos sipianos es que el proyecto de ley exige que una noticia debe ser veraz, contrastada, oportuna, etc.; y que aquello es pretender coartar la libertad de expresión y establecer una censura previa. Debería darles vergüenza sostener semejante argumentación. Los sipianos mediáticos olvidan que una cosa es opinar (yo puedo decir o interpretar sobre un tema o suceso como me dé la gana, pero siempre guardando un elemental respeto por los demás) y otra, muy distinta, es INFORMAR (la noticia). Los viejos periodistas por la libre (que no tuvieron la oportunidad de formarse en la rigurosidad de la academia) nos enseñaban, sin embargo, que en materia informativa hay, en cualquier suceso, por lo menos dos versiones diferentes; y que, con frecuencia, las dos versiones no solo eran diferentes sino contradictorias. Esos periodistas (que observaban una ética elemental) decían que era obligación del periodista-informador recoger en la noticia (la crónica, o el reportaje) las dos, tres o cuatro versiones, aun cuando le ponga algún énfasis a la versión que estimaba la más cercana a la verdad.
Sobre esta práctica ponía el ejemplo, en clase: el vulgar y común choque en una esquina: hay dos vehículos que han salido averiados; hay dos choferes culpándose mutuamente de haber sido los causantes de la colisión; hay una persona lastimada que culpa a los dos conductores y hay un testigo ocasional que da otra versión. ¿Quién tiene la verdad? Yo decía que lo ético era dejar constancia de las cuatro versiones, en la noticia; aun cuando, desde la opinión, puede alguien sostener que fue la policía de tránsito la culpable, porque en esa esquina nunca hay un vigilante de tránsito o un semáforo en buen estado.
¿Puede alguien negarse a que en una ley de comunicación conste una obligación semejante? Sí, si recordamos lo que la SIP-CIA y el Grupo de Diarios de América y la gran prensa sipiana, en nuestros países, sostiene actualmente, sin sonrojarse. Según ellos, en estos tiempos, la información debe ser libre y democrática aunque esté contra aquellos principios de simple ética. En otras palabras, que los medios comunicacionales tienen el privilegio de decirles a sus lectores verdades o mentiras, según sus conveniencias.
Para criterio de muchos (especialmente de los que sí entendemos y hemos practicado una comunicación masiva) la verdadera razón para esta oposición sin fronteras a que se dicte una Ley de Comunicación, es que, según sus capos continentales (que están en Miami o en nuestras grandes ciudades) la mejor ley sobre comunicación social es la que no existe. Y si aquello es imposible (en Ecuador, es un mandato constitucional) pues los sipianos deben luchar porque la ley que sea aprobada sea una ley anodina, que no le obligue nada a nadie, menos a los medios de comunicación de suerte que ellos puedan seguir siendo los grandes árbitros de la verdad y la democracia. Ellos quieren una ley tipo Ley de Ejercicio Profesional del Periodista que, a pesar de que tiene 35 años de vigencia, no ha servido para mucho; ha sido violada y contraviolada precisamente por quienes les gusta aparecer ante sus públicos como observadores y defensores de la ley y el orden.
En estos tiempos, lo de mentir cínicamente, descaradamente, se ha vuelto un lugar común. A nivel nacional, mienten, tergiversan, manipulan los elementos informativos, sin límite alguno. Y si el Presidente Rafael Correa, cada vez que puede, les desenmascara y les pone en videncia; entonces son agravios contra la libertad de expresión. En cambio, lo que ellos dicen es ejercicio puro de esta libertad. Esto nos recuerda una de las frases lapidarias del Dr. José María Velasco Ibarra (5 veces presidente de Ecuador): Prensa venal y corrompida.
Esto de mentir en grande y en pequeño se ha vuelto un recurso a todo nivel (nacional e internacionalmente) y muchos medios, que se autodeclaran independientes, ya no tratan siquiera de disculparse mediante el reconocimiento de que se equivocaron. Hoy en día, la prensa escrita, especialmente, disfraza sus verdades mediante fuentes de información que prefieren el anonimato o testimonios de testigos que pidieron no ser identificados o de fuentes confiables. Con ello deterioraron un principio ético que antaño permitió el descubrimiento de ilícitos y corruptelas en grande; y por lo cual, hubo periodistas éticos (incluidos en los Estados Unidos) que prefirieron asumir los costos y la cárcel, antes que revelar la identidad de una fuente informativa responsable. Pero esos fueron otros tiempos.
Quito, agosto 9/2010
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