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Al renunciar públicamente Jorge Ortiz argumenta, sin ninguna prueba, que lo hace por presión gubernamental, en el supuesto no consentido de que esto fuese así habría que repartir las culpas, sostiene Romel Jurado, los réditos y las influencias ilegítimas con el dueño del canal (que guarda un silencio cómplice sobre las razones de esta renuncia), con los potenciales compradores del canal (porque se conforman con esto sin ningún escrúpulo) y con los demás periodistas de Teleamazonas que se rasgan las vestiduras por esa presión, pero no dicen nada respecto a que eso finalmente beneficiaría a su jefe y dueño actual de Teleamazonas, e incluso a sus futuros dueños.
Romel Jurado Vargas
El periodista Jorge Ortiz se despidió de Teleamazonas en vivo y en directo señalando: “Me parece evidente, por la insistencia y la acidez de los ataques del gobierno en mi contra, que yo podría ser un obstáculo para que el gobierno autorice esa venta [la de Teleamazonas] cuando llegue el momento”.
Realmente no es evidente que las disputas e insultos que el señor Ortiz intercambió en la pantalla de TV por largo tiempo con altos funcionarios del gobierno puedan causar que la venta de Teleamazonas no se realice. Eso es una apreciación, o si se quiere, una creencia del señor Ortiz que hasta ahora no ha sido respaldada con alguna prueba concreta.
Pero supongamos que sí, que en efecto el gobierno de alguna manera ilegítima ha presionado a alguien para que Ortiz se separe “voluntariamente” de Teleamazonas. Lo siguiente sería preguntarse a quién se presionó; y solo quedan dos posibilidades: al dueño del canal o a los potenciales compradores.
Si esto hubiese sido así tendríamos que volver nuestros ojos contra uno de los hombres más ricos del país y sobre un grupo de personas que están en capacidad de pagar cientos de millones de dólares por un canal de televisión, y decirles que no necesitan ceder ante las presiones para negociar con aquello que forma parte de su propio patrimonio y menos aún siendo personas tan acaudalas y poderosas.
Decirles también que por su honor, por la defensa de esa libertad de expresión bajo la que siempre se han cobijado, por la lealtad infinita que el periodista Ortiz les ha demostrado, no le dejen ir de ninguna manera.
Sin embargo, puede ser que el dueño del canal y los que aspiran a comprarlo no digan nada porque tienen muy presente que no están negociado solamente con cosas que pertenecen a su propio patrimonio, sino que quieren incluir en la negociación un bien que nos pertenece a todos los ecuatorianos: las frecuencias de televisión que le permite a Telemazonas sacar su señal en todas las provincias del país.
Luego entonces, puede ser, que estos acaudalados empresarios se dejen presionar y a su vez presionen o guarden silencio sobre la salida del periodista Ortiz porque no quieren perder un negocio que, con frecuencias incluidas, valdría cinco o seis veces más que sin frecuencias. Ya saben lo que dice el dicho popular: el capital no tiene principios ni lealtades y solo se sirve a sí mismo.
Si esto fuera así habría que repartir las culpas, los réditos y las influencias ilegítimas en la renuncia de Jorge Ortiz de la siguiente manera:
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Al gobierno o a alguno de sus altos funcionarios por presionar ilegítimamente para sacar del canal al periodista.
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Al dueño del canal que guarda un silencio cómplice sobre la salida de Ortiz, porque podría pensar que eso le ayudará a eliminar los obstáculos para vender algo que no le pertenece: las frecuencias de televisión que actualmente ocupa Teleamazonas.
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A los potenciales compradores del canal, porque se conforman con la salida de Ortiz sin ningún escrúpulo porque prefieren un Teleamazonas sin ruidos molestos que puedan malograr la obtención de las frecuencias de televisión que están en juego.
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Los demás periodistas de Teleamazonas que se rasgan las vestiduras en contra de la supuesta influencia ilegítima del gobierno para la salida de Ortiz, pero no dicen nada respecto a que eso finalmente beneficia a su jefe y dueño actual de Teleamazonas, e incluso beneficiará a sus futuros dueños. Pero en los tiempos que corren solo a unos cuantos Quijotes (cada vez más locos) se les ocurre mantener su dignidad y principios si el puesto de trabajo corre riesgo; así que mal haríamos en esperar de los colegas de Ortiz más de lo que ya han hecho.
Finalmente considero que la autoinmolación del señor Ortiz ha resultado un sacrificio inútil, porque la Constitución y algunas disposiciones del ordenamiento jurídico impiden que los particulares negocien y se beneficien de la venta de bienes y recursos públicos, tales como las frecuencias de radio y televisión y, concurrentemente, las autoridades públicas tienen muy presente que según el Art. 257 del Código Penal “serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, los servidores de los organismos y entidades del sector público y toda persona encargada de un servicio público, que, en beneficio propio o de terceros, hubiere abusado de dineros públicos o privados, de efectos que los representen, piezas, títulos, documentos, bienes muebles o inmuebles que estuvieren en su poder en virtud o razón de su cargo, ya consista el abuso en desfalco, disposición arbitraria o cualquier otra forma semejante”; y que además según el Art. 233 de la Constitución este delito es imprescriptible.
En consecuencia, nada pierde o gana el gobierno, el dueño del canal o sus potenciales compradores con la renuncia del señor Ortiz en relación a la asignación que debe hacerse, en el futuro cercano, de las frecuencias de televisión que actualmente están concesionadas a Teleamazonas, puesto que la única voluntad que ha de imponerse en ese proceso es la de la Ley. De hecho, varias organizaciones de la sociedad civil se encuentran preparando acciones jurídicas y sociales para asegurarse que así sea.
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