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José Villamarín, analista de medios del CIESPAL, realiza un ejercicio analítico y crítico acerca del proyecto de Ley de Comunicación, las propuestas del asambleísta César Montúfar, y la autorregulación mediática, a partir de lo publicado en los medios de comunicación.
Por José Villamarín Carrascal
El debate sobre el proyecto de Ley de Comunicación no terminará ni después de que esta sea aprobada. Lo cual me parece positivo. En las últimas semanas, entre las objeciones más publicitadas por los medios -involucrados directamente en el tema- fueron las 41 “razones” esgrimidas por el asambleísta César Montúfar para que ese instrumento legal no se apruebe.
Entre esas objeciones consta la relacionada con la obligación de diferenciar entre opinión e información que contempla el proyecto de Ley que, a criterio de Montúfar, no debería “incluirse en el ámbito de la regulación de esta Ley”, sino “ser parte de la autorregulación” de los medios.
Aquí se plantean dos temas. El primero, el cumplimiento de uno de los requisitos del buen ejercicio periodístico que es la necesidad de separar información de opinión. Y, el segundo, el debate sobre la regulación y la autorregulación de los medios.
Veamos cada uno de los dos casos.
La necesidad de separar información de opinión
El proyecto de Ley de Comunicación contempla la necesidad de evitar toda confusión entre hechos y opiniones.
El fundamento es simple y lógico a la vez: la información se refiere a hechos y datos que son reales (diferencia elemental entre periodismo y literatura, realidad y ficción), mientras que la opinión tiene relación con juicios de valor, puntos de vista, criterios personales. Los primeros son verdaderos (asumida la verdad como la realidad referida a hechos empíricamente verificables) y, por ello, incuestionables, indiscutibles. La opinión, en cambio, es solo la verdad de quien la enuncia; por ello, cuestionable, discutible, subjetiva.
Ahora bien, la noticia no es solo difusión de hechos y datos, sino también de las opiniones sobre esos hechos, lo cual es necesario para darles sentido, proyección. Solo que esa opinión no es la del periodista. A este, como mediador entre la realidad y las audiencias, le compete difundir opiniones de terceros (autoridades en el tema, se supone) sobre el hecho en cuestión. Su obligación, por lo tanto, es indicar quien lo dijo, lo que en el argot periodístico se conoce como atribución de fuentes. Si el periodista quiere dar su criterio, lo mejor es que acuda a las páginas de opinión y escriba un artículo.
¿Qué pasa si no hay tal atribución? En ese caso, la opinión se confunde con el hecho, por lo que aquella pasa también a tener esa categoría de real, de verdadera, y, por ello, incuestionable, lo cual termina siendo un engaño al lector, una forma de manipulación de la información.
He aquí por qué se hace ineludiblemente necesario separar los hechos de las opiniones y de las versiones sobre esos hechos.
¿Cómo vienen trabajando los medios impresos este tema, para que sea motivo de inclusión o no en la próxima Ley de Comunicación? Los diarios públicos y privados, indistintamente, han venido cometiendo consecutivos errores, con el agravante de que buena parte de ellos tienen la intencionalidad clara de sesgar la información.
Vamos a tomar dos casos de evidente sesgo intencional por ocultamiento de las fuentes en el titular, en un medio privado y en uno gubernamental.
El 7 de mayo del 2011 se realizó la Consulta Popular, en la que el Gobierno Nacional planteaba 10 preguntas sobre las que tenía que pronunciarse el pueblo ecuatoriano. El Gobierno se mostró públicamente partidario del SI en todas las preguntas e hizo campaña en ese sentido. Pero, por supuesto, el mismo papel de propagandista no le correspondía jugar al periódico El Ciudadano, por más oficial que sea, pues la función del periodismo es informar, no hacer propaganda.
Veamos unos pocos ejemplos.
El 4 de mayo, a tan solo 48 horas de este evento democrático, el diario oficial, en su versión on line, publicó una información titulada Dueños de casinos financian a sectores de oposición. Dicho así, quedaba claro que era cosa juzgada que los casinos financiaban a sectores de la oposición. ¿Esa era verdad? No, pues no era un hecho, sino solo una opinión. Era la opinión del presidente Rafael Correa, tal cual lo especifica el propio medio en el primer párrafo de la noticia. Con este titular, queda claro que el objetivo del medio oficial no era informar, sino ganar adeptos a la causa del SI, lo cual es propaganda y no información.
Igual sucedió con otros titulares sobre el tema, donde es evidente la intencionalidad propagandista del medio: El país apoya totalmente la Consulta Popular (30/04/11), La Consulta es una herramienta fundamental para ejecutar cambios trascendentales en el país (1-abril-2011) o De ganar el Sí en la Consulta, mejorarán las condiciones laborales de los ecuatorianos (29-abril-11).
Por la misma línea propagandística transitó el diario privado La Hora, solo que con una intencionalidad contraria: criticar al Gobierno.
Correa tras poder absoluto tituló el 18 de enero del 2011, luego de que Correa entregara a la Corte Constitucional el cuestionario de 10 preguntas para la Consulta Popular. El título no es sino el punto de vista del diario sobre el contenido de dichas preguntas; un juicio de valor que si no posee fuente -como en efecto sucede- tiene la clara intencionalidad de convertir una opinión en un hecho y así ganar adeptos a la causa de la oposición.
Lo mismo sucedió con este otro titular: Cuatro preguntas son inconstitucionales (9/II/11), publicado en la versión impresa. El contenido de la nota se refería a la resolución de la magistrada Nina Pacari, de negar cuatro de las cinco preguntas de la Consulta Popular “por inconstitucionales”. Los demás medios privados no cayeron en este error: todos, sin excepción, mencionaron la fuente. Es más, el mismo diario La Hora lo hizo en su versión on line.
Otro caso muy evidente en el que queda en entredicho el tema analizado fue el de la cobertura del trámite en la Asamblea Nacional del proyecto de Ley de Comunicación.
Dos medios privados, con clara y evidente intención de desprestigiar a este proyecto, echaron mano de este recurso de confundir hechos con opiniones.
El 26 de noviembre del 2009, cuando estaba en pleno debate el proyecto de Ley de Comunicación en la Asamblea Nacional, diario Hoy tituló en portada: Crece en las calles protesta contra ley mordaza. En la página 3, a todo lo ancho de la página, lo complementaba con este otro título: Ciudadanía contra la ley mordaza.
Y para cumplir con el principio goebeliano de la propaganda eficaz, que sostiene la necesidad de “adoptar una idea única” y martillar sistemáticamente con ella hasta lograr que los destinatarios del mensaje la adopten como la única y verdadera, continuó con esta campaña.
El 27 tituló (también en portada): Quito, miles de voces contra la ley mordaza”. Y en páginas interiores: Multitudinaria protesta por mordaza.
El mismo 27 fue acolitado por diario La Hora con su titular de portada y a tres columnas: Rechazo a la ley mordaza. Y el 1 de diciembre, Hoy reiteró: Fisuras en PAIS por mordaza (Ver Los alumnos de Goebels).
Una franca campaña de desprestigio con base en dos mentiras: aquel era solo un proyecto de Ley y no una Ley en sí, y lo de mordaza es solo una opinión del medio, que se la quiso hacer aparecer como un hecho, como algo cierto. Si querían argumentar sobre el tema, legítimamente lo podían hacer en un artículo de opinión, pero no hacerlo aparecer como información, por las connotaciones de realidad que tiene.
Esta situación incluso motivó la reacción valiente de la entonces Defensora del Lector del propio diario Hoy, Ana Karina López, quien, en respuesta a un pedido de sus lectores, escribió el artículo titulado ¿Lacra, mordaza? (20/VI/10).
En él, la periodista conminó al diario a “eximirse de este alias en su línea informativa y así blindarse contra toda sospecha”. Esta conminación la basó en que “el uso durante tantos meses de ese calificativo sí es una clara toma de posición descalificadora” por parte del diario (ver ¿Una defensora del lector decorativa?).
En todas partes se cuecen habas
¿Y los demás medios? ¿No han cometido este error de confundir opinión con información?
En todas partes se cuecen habas. En unos medios de una manera más abierta que en otros. Veamos algunos casos sueltos muy recientes, todos referidos exclusivamente a titulares de noticias.
Correa eliminó a Lenin Moreno, el mejor candidato de la revolución ciudadana tituló el periódico on line ecuadorenvivo.com. Con este título seguramente creía que está minando la posible candidatura del actual Presidente de la República.
El socialismo se agota pero Chavez no lo cree, dijo, por su parte, La Hora (15/XII/11), en franca toma de posición en contra del gobierno chavista.
PAÍS quema tiempo en la ley legislativa dijo también La Hora (15/XII/11), haciendo suya la opinión de “algunos asambleístas de oposición” que consideraban que PAIS quiere ganar tiempo hasta consolidar una mayoría gobiernista en la Asamblea.
El Telégrafo no se quedó atrás: Catalina Botero vulnera estatutos al tener vínculos con Fundamedios, dijo en la portada (12/XII/11), mientras que en páginas interiores y en la versión on line opta por un manejo profesional del título al citar la fuente del autor de esas declaraciones: El Ejecutivo denuncia que Catalina Botero viola estatutos de CIDH.
El Universo, por su parte, da por real aquello que solo son versiones de esa realidad: Asistentes a plantón van alentados por oferta de ‘regalos’ de edil de AP, dijo el pasado 16 de diciembre.
Y el jueves 1 de septiembre, el mismo medio tituló: Helicópteros de tropas de Gadafi siembran minas en el mar frente a Misrata. En el lead, el diario porteño explica que esa no es la realidad, sino solo una acusación de la oposición a Gadafi (por lo que requería ser verificada antes de difundirla como real). Así escribió: “Los rebeldes libios acusaron el sábado a las fuerzas del dirigente Muamar Gadafi de haber utilizado helicópteros para sembrar minas en las aguas del puerto de Misrata…”. Pero el título ya lo elevó a categoría de verdad.
Para terminar con los ejemplos, ¿qué tal estos dos de antología de elciudadano.gob.ec? Actuación de la Cancillería es Extraordinaria, dijo en su titular este medio gubernamental (21/V/11), para referirse a lo que era no otra cosa que el criterio del presidente Correa. Y esta otra del 29 de julio: Portada del diario El Universo estafa a sus lectores. Esta era la opinión del secretario de Comunicación, pero aquí, al eliminarse la fuente, pasó a ser un hecho, una verdad.
¿Regulación o autorregulación?
Por lo visto, al ser esta una práctica sistemática de la mayoría de medios públicos, privados y gubernamentales, amerita discutir el tema y analizar su pertinencia de si debe ir o no en la próxima Ley de Comunicación.
Para Montúfar, sí se debe separar información de opinión (argumentar lo contrario sería la más burda de las posiciones), pero no debe estar incluida en la Ley, pues “afianzaría un poder regulatorio muy amplio y ambiguo a favor del Consejo de Regulación”.
No solo que le doy el beneficio de la duda al asambleísta Montúfar, respecto al posible amplio poder que podría tener el Consejo, sino que, como principio, como filosofía, concuerdo plenamente en que este tipo de temas deberían ser parte de la autorregulación de los medios. Pero ¿hasta cuándo hay que esperar? ¿Estas buenas intenciones no terminan siendo solo un simple discurso, una coartada para ocultar el desinterés expreso de los medios por tener su propio código de conducta donde este y otros temas urgentes estén necesariamente presentes?
Este cinco de enero se cumplen 210 años del aparecimiento del primer periódico del país (Primicias de la Cultura de Quito, 1792) y hasta ahora seguimos esperando que se hagan públicos los códigos de conducta, manuales de ética, manuales de estilo, manuales de buenas prácticas o como quieran llamarse, de los medios nacionales, que nos indiquen la ruta por donde van a caminar.
Lo único que hemos escuchado hasta ahora es pura perorata, nada en firme. Con excepción del Hoy y Expreso, que tienen su manual de estilo y de buenas prácticas, respectivamente (que requieren ser completados), publicados en sus páginas webs, los demás no se han manifestado. De hecho que todos lo tienen… pero guardado en un cajón con siete llaves, para que los lectores, los dueños de la información, no se enteren.
¿Hasta cuándo, asambleísta Montúfar, considera usted que se deba esperar para que los medios nos indiquen cuáles son los estándares o referentes de calidad noticiosa y los códigos de ética que van a regir el accionar profesional de ellos? Reitero mi acuerdo de que estos deben ser parte de la autorregulación de los medios… cuando esta autorregulación exista. Mientras tanto ¿no debería constar en la próxima Ley de Comunicación? Por que si la necesidad de separar los hechos de las opiniones no está ni regulado ni autorregulado, entonces, el lema del más ortodoxo liberalismo se impone: “dejar hacer, dejar pasar”, como ha venido sucediendo hasta ahora, según se desprende del presente análisis. ¿Acaso es esto lo que desean los medios, públicos, privados y gubernamentales?
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