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“Queremos ser claros en un tema: No se puede publicar nombres y caras de personas, menos aún de refugiados, solamente por una sospecha, venga de quien venga esta sospecha”. Quien así se pronuncia es el peruano Luis Varese, representante adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Se refiere a la publicación, por parte de diario Expreso (17/01/11), de una nota titulada “Visas para las FARC”, en la que se divulgaron “nombres, fotografías y lugar de residencia de varias personas a las que se identifica como colaboradores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”, y que son residentes de Sucumbíos, según reveló la agencia ANDES el pasado 24 de enero.
¿Es esto ético? ¿Está permitido? Para la Acnur no. “…denunciar a mujeres y hombres por suposiciones que no están basadas en pruebas sustantivas y un debido proceso legal en que se haya involucrado a la Fiscalía, se incurre en colocar en grave riesgo a estas personas y a la población refugiada en general”, manifiesta esta organización internacional en un remitido.
Por eso, hizo un llamado “al uso riguroso y ético de la información en aras de la (…) identidad de las personas refugiadas”.
¿Cómo manejaron los demás medios esta preocupación de Acnur? No hicieron nada. No les llegó el remitido de Acnur, no lo leyeron en el diario El Comercio (donde se publicó como aviso pagado) o simplemente no le dieron importancia.
Solo la agencia Andes y el Ciudadano.com, medios cercanos al Gobierno, y el portal ecuadorenvivo.com, medio privado, se hicieron eco de la denuncia del organismo de las Naciones Unidas, según se desprende de las publicaciones on line.
¿El objetivo del diario era poner en evidencia la supuesta acción delictiva de los ciudadanos colombianos? ¿Había pruebas suficientes para ello o la palabra de inteligencia militar era más que suficiente? ¿Importaba más la primicia que poner en riesgo la vida de las personas? ¿Interesaba más golpear a la competencia que salvaguardar los derechos ciudadanos? ¿Es eso hacer buen periodismo?
Antes ya se abrió el debate sobre la difusión de información que puede poner en riesgo la vida de las personas (ver Amarrillismo irresponsable en la prensa seria y La foto del sobreviviente), a propósito de la llegada al país de Fredy Lala, compatriota que se salvó de la masacre de Tamaulipas, México. Allí se criticó, por igual, a medios públicos y privados que incurrieron en este tipo de errores. Pero, al parecer, no se aprendió la lección (JVC).
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