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Así lo dijeron los relatores de la OEA y la ONU, quienes además recomiendan modificar la legislación en la materia para permitir el desarrollo de los medios comunitarios por su aporte al debate democrático.
Tras su visita oficial a México, Catalina Botero y Frank La Rue, Relatores para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de Naciones Unidas (ONU), respectivamente, encontraron que actualmente existe en México inseguridad jurídica respecto de la regulación de radiodifusión, dado que el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal no han creado un marco normativo apropiado para cubrir los vacíos generados y señalados por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo a su informe preliminar en México sigue existiendo una alta concentración en la propiedad y control de los medios de comunicación que pone en riesgo el debate democrático. Recordaron que los medios de comunicación social, como las radios y los canales comunitarios, cumplen un papel fundamental en la democracia y en la preservación y desarrollo de la cultura de los pueblos. Por tanto, manifestaron que debe existir un marco legal claro, preestablecido, preciso y razonable que reconozca las características especiales de la radiodifusión comunitaria y que contenga procedimientos sencillos y accesibles para la obtención de frecuencias, que no exija requisitos tecnológicos severos, admita la posibilidad de utilizar publicidad como medio para financiarse, y no imponga límites discriminatorios en su financiamiento y alcance.
Respecto de la persecución penal en contra de integrantes de medios comunitarios tales como Huékakua de Michoacán y Radio Diversidad de Veracruz, ambas Relatorías manifestaron su rechazo a la utilización del derecho penal y recomendaron al Estado la utilización de medidas proporcionales en los ámbitos administrativos.
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC ALC) saluda las observaciones preliminares de las Relatorías e insta al Estado mexicano a que implemente las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones incluidas en dicho documento de manera inmediata. Esto significa que en el Poder Legislativo Federal modifiquen cuanto antes la legislación de acuerdo a los estándares internacionales en la materia, pero también que desde las facultades del Ejecutivo Federal implementen acciones tendientes a la reversión de los niveles de concentración mediática y reconocimiento de medios comunitarios, esto último incluye la adopción de procedimientos sencillos para el acceso a la frecuencia y la posibilidad de allegarse de financiamiento (publicidad oficial y patrocinios) para la subsistencia digna de dichos comunitarios.
NOTA:
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