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por Alfonso Gumucio Dagron
Cuando los grandes medios de información gritan al cielo “censura” o “atentado a la libre expresión” es porque sus intereses hegemónicos han sido tocados. Cuando sacan sus cañones para denunciar una “ley mordaza” es que están decididos a dar una batalla sucia en contra del Estado. Esto es exactamente lo que ha sucedido en Argentina a raíz de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que, entre otros aspectos, pone límites a la concentración de medios al establecer un tope al número de licencias que puede tener una misma empresa o persona.
Hay que decirlo de una vez: la concentración de medios en Argentina tiene nombre y apellido: Grupo Clarín, que es el equivalente rioplatense de O Globo en Brasil o de Televisa en México, no solamente por el alto grado de concentración de empresas mediáticas, sino por su tradicional influencia en la política nacional.
Sería extenso enumerar aquí todas las empresas que conforman el Grupo Clarín. La información disponible en internet (http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Clarín, y http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Empresas_del_Grupo_Clarín) indica que son decenas las revistas, periódicos, canales de televisión abierta y por cable, emisoras de radio, agencias de noticias, páginas web, servicios de correo y mensajería, empresas organizadoras de eventos, telefonía por internet, y otras que pertenecen al mismo grupo, colocándolo en una posición absolutamente hegemónica en todo el país.
El grupo mediático posee el diario Clarín, el diario Olé, el diario La Razón, Radio Mitre S.A. (Cadena Mitre, Cadena 100, Cadena Top 40), la revista Elle (49 por ciento), Teledeportes, Multideportes, Canal 13, TN, Volver, Patagonik Film. Cuenta con 60 por ciento de Trisa, una empresa que explota los derechos de transmisión de Torneos y Competencias y que, a su vez, controla 6 por ciento de TyC Sports y 75 por ciento de TyC Uruguay; y100 por ceinto de Supreme Ticket. También tiene 50 por ciento de la televisión satelital codificada (en sociedad con TyC), y Prima (más conocida como Ciudad Digital), son 250 empresas en total.
Aunque la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual toca apenas una pequeña parte de ese poderío mediático, el Grupo Clarín ha sufrido una derrota. Hizo falta agallas y voluntad política para que los senadores argentinos, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la sociedad civil argentina llevaran adelante una ley que, por una vez, toma en cuenta las aspiraciones de la población de promover el derecho a la comunicación, y no solamente el derecho a la información.
Como afirmó hace cuarenta años el venezolano Antonimo Pasquali, ex subdirector de Comunicación de la UNESCO, “la libertad de información es una irónica contradictio in adjecto, ya que sólo connota la libertad del informador”. En este caso, se va más allá.
El gobierno de Menem abrió las puertas a la privatización y a la concentración de los medios de información, eliminando el decreto-ley 22.285 de radiodifusión que impedía la conformación de grupos multimedios, y prohibía a los dueños de diarios y revistas la adquisición de empresas de radiodifusión.
En la década de los años noventa, a partir de la Ley de Reforma del Estado y la Ley de Emergencia Económica, comenzó el proceso de privatización y concentración del sistema de medios, al abrirse la posibilidad de que las empresas vinculadas a la industria gráfica se hicieran propietarias de medios de radiodifusión.
Sin censura
Los intereses económicos del Grupo Clarín crecieron desproporcionadamente a la sombra de gobiernos dóciles que no querían enfrentarse al gigante mediático. Tuvo que ser una mujer, Cristina Fernández de Kirchner, quien se pusiera los pantalones para poner coto a esa situación.
La reacción no se ha hecho esperar, pues todos los medios del Grupo Clarín y de monopolios similares en el mundo le han colgado a la decisión tomada por el Senado de Argentina la etiqueta de “ley mordaza”, argumentan que se aplica una forma de censura.
Nada más alejado de la verdad, pues la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no toca en absoluto el tema de los contenidos. No existe en ésta el menor intento de regular lo que los medios pueden o deben decir, y menos en el plano político.
La ley establece medidas de promoción para la producción nacional, de manera que se pueda garantizar una mayor diversidad y mayor pertinencia cultural. No hay en la ley ninguna forma de censura o limitación a la libertad de expresión. Lo que sí hace es limitar el número de medios que pueden pertenecer a una misma empresa, para evitar el proceso galopante de concentración.
La nueva Ley de Medios de Argentina no solamente establece límites a la concentración, sino que tiene otros aspectos importantes que favorecen el derecho a la comunicación de todos los ciudadanos.
De manera similar a la ley específica aprobada meses antes en Uruguay, la ley de Argentina establece que un tercio de las frecuencias asignadas para radio y televisión serán reservadas para el tercer sector, es decir, para emisoras comunitarias, sindicales, universitarias, etcétera. Apoya el derecho a la comunicación de la ciudadanía, a través de medios propios que alientan procesos comunitarios de comunicación, y no se limitan al “acceso” a la información.
Información y comunicación
Es importante hacer una distinción entre información y comunicación. Hay una gran confusión cuando se habla de los “medios de comunicación” para referirse a los medios masivos de información y difusión. Los propios periodistas a veces contribuimos a esa confusión, pues usamos erróneamente el término. Los medios masivos no son medios de comunicación y no podemos seguir llamándolos de esa manera.
Para Antonio Pasquali la expresión medios de comunicación “repugna”, porque los medios masivos no comunican, solamente difunden. En 1963 escribió:
“La expresión medio de comunicación de masas (mass-communication) contiene una flagrante contradicción en los términos y debería proscribirse. O estamos en presencia de medios empleados para la comunicación y entonces el polo receptor nunca es una “masa”, o estamos en presencia de los mismos medios empleados para la información y en este caso resulta hasta redundante especificar que son ´de masas´.”
Y si acaso quedaba alguna duda sobre la naturaleza de esos medios masivos, el ex director de Le Monde Diplomatique, el periodista franco-español Ignacio Ramonet, lo dejó muy claro en su texto “El quinto poder” donde arguye que el llamado “cuarto poder” de los medios de información dejó de representar hace muchos años los intereses de los ciudadanos, pues es un poder coludido con intereses económicos y políticos, y construye su hegemonía con base en ellos. Ramonet sugiere la conformación de un “quinto poder” ciudadano, el de los observatorios que pueden vigilar el comportamiento de los grandes medios masivos.
Los observatorios de medios ya existen, han crecido en América Latina durante la última década, a partir de la Veeduría Ciudadana de Medios que creó Rosa María Alfaro en Perú. Hoy existe una red latinoamericana que agrupa a una docena de observatorios de Brasil, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Chile, Ecuador, Argentina, Venezuela, Colombia y Perú.
Observatorios de medios
Los avances en materia legislativa que promueven el derecho a la comunicación en América Latina y limitan el proceso de concentración de medios no son sólo resultado de la voluntad política de algunos gobiernos progresistas, sino de un trabajo sistemático de organizaciones como los observatorios de medios.
Caso concreto la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), que particularmente en nuestra región ha desarrollado recientemente un trabajo fundamental de investigación sobre gobernabilidad democrática y radiodifusión, y ha elaborado una serie de “Principios para garantizar la diversidad y el pluralismo en la radiodifusión y los servicios de comunicación audiovisual”.
La labor de AMARC ha logrado dictámenes muy importantes del relator para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en favor de la diversidad y el pluralismo de los medios, sobre la base del derecho a la comunicación de los ciudadanos como derecho colectivo, no solamente individual.
La importancia de las acciones de la sociedad civil es que han llevado la discusión del tema de los medios al espacio público donde todos los ciudadanos pueden expresar y debatir lo que piensan.
En Argentina, más de 300 organizaciones de la sociedad civil se pusieron de acuerdo en los 21 puntos que son la base de la Ley 26522. La red FARCO de radios comunitarias, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, los sindicatos de trabajadores de la comunicación, las universidades nacionales, el movimiento cooperativo, las pequeñas y medianas empresas de radio y televisión, fueron instrumentales en la consolidación de la Coalición por una Radiodifusión Democrática para apoyar el proceso de elaboración del Proyecto de Ley.
El crecimiento en número y en capacidad, de muchas organizaciones de la sociedad civil que hoy se ocupan de analizar el papel que cumplen los medios masivos y de promover no solamente la libertad de expresión, sino el derecho a la comunicación de los pueblos, establece parámetros que no dejan lugar a dudas sobre el escenario de concentración de los grandes medios empresariales y acerca de la necesidad de involucrar a la ciudadanía en los procesos incluyentes en materia de comunicación.
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