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Por Marco Lara Klahr
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Se comprende que el procurador de Justicia del DF, Jesús Rodríguez Almeida, rechazara la Recomendación 3/2012 que le dirigió en marzo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por la «Exhibición de personas, publicidad de su información confidencial y la contenida en los expedientes de averiguación previa».
Este funcionario a) es ejemplar heredero de la obra inquisitorial de su antecesor Miguel Ángel Mancera, quien desde «la izquierda» consolidó los mecanismos autoritarios mediante los cuales en la capital del país, para la institución que debiera procurar justicia, todos somos culpables en potencia; y b) conoce la realidad que se desprende de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011 y otras fuentes por el estilo: en México, en promedio, solo se denuncia el 20% de los delitos y, de ellos, el sistema de justicia castiga a menos del 2% de quienes los cometen.
Sabe que si no utiliza a los periodistas y los medios para «exhibir» a los detenidos, la institución a su cargo no tendría cuentas positivas que rendir. «Procura» justicia en el espacio mediático porque es incapaz de procurarla en la realidad. Deja a las personas imputadas de delito en manos de ministerios públicos y policías judiciales que practican por sistema la tortura, la denigración y el abuso de autoridad, pues no dispone de profesionales capaces de realizar detenciones e investigaciones sostenibles ante un juez.
En este sentido, la institución bajo su mando es corresponsable de la sobrepoblación y el hacinamiento en las prisiones capitalinas porque, en virtud de su incompetencia, solicita rutinariamente la «prisión preventiva» para los imputados —Presunto culpable ha dejado mirar la dimensión de la crisis de la procuraduría que hoy dirige Rodríguez Almeida.
En «Torturas, maltratos y otros abusos detrás de los 'juicios paralelos'» y «El extraño caso de Doctor Prensa y Míster Medios» [abril 2 y 9, 2012] describí el contenido de la Recomendación 3/2012, argumentando por qué me parece un documento sólido, que debe ser referente de la lucha social contra los «juicios mediáticos» —yo mismo la incorporé a talleres sobre el sistema penal acusatorio dentro y fuera del país, como fuente obligada y en un espacio colectivo de análisis.
Ahora me enfoco en el Acuerdo A/003/2012, publicado por Almeida Rodríguez en la Gaceta Oficial del Distrito Federal [abril 16, 2012], como parte de su negativa a aceptar la Recomendación 3/2012 y mediante el que emite el «Protocolo para la Presentación ante los Medios de Comunicación de Personas Puestas a Disposición del Ministerio Público».
Este Protocolo adolece de graves contradicciones: dice basarse en el respeto a la presunción de inocencia de los imputados, así como en su derecho a justicia pronta y expedita, pero a la vez justifica la «presentación» de esas mismas personas ante los medios, aduciendo el derecho a la información de la comunidad y el interés público derivado de la posibilidad de que víctimas acudan a denunciar a tales «presentados».
Vaya sinsentido: ¿Cómo puede quedar a salvo mi derecho a la presunción de inocencia si en los medios se difunde la acusación penal en mi contra, acompañada de mi imagen y mis datos personales? ¿Que al calificativo «violador» le antepongan «presunto» cambiará la percepción de mis conciudadanos sobre mí? ¿La gente estará mejor informada si me «presentan» sin que un juez haya resuelto si soy inocente o culpable? ¿Y si nadie viene a denunciarme después de que me «presenten» seré indemnizado?
El común de los funcionarios del sistema de justicia penal en México lleva en su ADN profesional valores medievales que le impiden interiorizar enfoques democráticos de la justicia. Así lo evidencia el Protocolo.
El otro problema es la manera como el procurador Rodríguez Almeida concibe el papel social de los periodistas y los medios: el Sexto punto del Protocolo precisa que «La Dirección General [de Comunicación Social] coordinará la presentación ante los medios de comunicación debiendo solicitarles que se conduzcan con absoluto respeto a la dignidad de las personas que serán presentadas, evitando toda clase de manifestaciones, comentarios o cuestionamientos degradantes, a efecto de no vulnerar los derechos de los probables responsables. De igual forma, no estará permitida la interacción con los mismos, debiendo limitarse a la toma de imágenes y audio».
O sea, los periodistas que cubramos las «presentaciones» ya no podremos, como ocurrió durante décadas, insultar a los detenidos ni golpearlos, como tampoco hacer que los judiciales los intimiden y golpeen para que se auto-incriminen ante nosotros. Esto suena maravilloso y espero que se cumpla. El problema es que el procurador espera que los periodistas nos limitemos a reproducir de forma perruna su versión de los hechos y el imputado a posar para nuestras cámaras, sin tener derecho a protestar o defenderse, ni nosotros a cuestionar el proceder de esta institución si, por ejemplo, el imputado tiene huellas de tortura.
Para este inquisidor posmoderno el silencio de los otros vale oro.
Tomado de: http://nuestraaparenterendicion.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1110:el-imaginario-medieval-del-procurador-del-df&Itemid=107
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