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Quito, noviembre 17 del 2011
Señor Arquitecto
Fernando Cordero
Presidente de la Asamblea Nacional
En su despacho
Señor Presidente:
En uso de mis derechos ciudadanos y como periodista profesional, debo recurrir a usted, señor Presidente de la Asamblea Nacional, con el exclusivo propósito de dejar constancia de que ni comparto ni participo de las expresiones que han dicho ayer miércoles 16 de noviembre del 2011, en la comisión general que dicha Asamblea cedió a varios periodistas, entre ellos, el Presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP) señor licenciado Vicente Ordóñez Pizarro; y el señor licenciado Marcelo Larrea Cabrera, quien, según El Comercio (edición de noviembre 17/2011) ha actuado en su calidad de Vicepresidente de la Federación Nacional de Periodistas (FENAPE)
Los dos caballeros, como mayores de edad y como ciudadanos, están en su pleno derecho a pensar y a actuar como les dé la gana, sobre los distintos temas del acontecer nacional e internacional. Pero, no tienen ningún derecho a presentarse ante la Asamblea Nacional en representación y a nombre de todos los asociados a las dos instituciones. No pueden hacerlo por así disponerlo sus estatutos. Y ni siquiera pueden hablar a nombre nuestro, previa una consulta a los socios (que tampoco se ha dado)
Y así tiene que ser, puesto que tanto la UNP como la FENAPE son dos entidades que agrupan a los periodistas profesionales del país; y, como tales, tenemos pleno derecho a pensar y actuar como nos dé la gana, siempre dentro y respetando las disposiciones constitucionales y legales pertinentes. Por lo tanto, la única manera de que los directivos, que son elegidos para períodos concretos, tengan plena autoridad, es respetándonos entre nosotros y respetando nuestros derechos ciudadanos.
En lo personal, por ejemplo, discrepo o pienso que son muy limitadas las exposiciones que han sido sostenidas por algunos asambleístas, en torno al tema de la Libertad de Expresión. Discrepo (y lo he hecho en varias ocasiones) de los decires de asambleítas como el señor César Montúfar, el señora Lourdes Tibán, el coronel Fausto Cobo, el señor Pinoargote; y otros y otras. Si están en la más alta posición política, que un Estado puede darle a un ciudadano (la de
asambleístas) por lo menos están obligados, para opinar con propiedad sobre los distintos temas que les toca opinar y decidir, el estudiar y enterarse de los puntos de vista que hay, a nivel de la academia, sobre el conocimiento humano.
Digo lo anterior porque los asambleístas citados (más otros) piensan que la libertad de expresión se reduce a que unos cuantos ciudadanos pudientes, asumen en exclusividad el derecho de decir o calificar a los demás, como les parece. Legisladores (as) que ahora militan en la oposición al actual Gobierno (Pachakutec, MPD) pueden dar fe de que estoy diciendo una verdad. Y además, olvidan que, ante la ley, los y las ciudadanas somos iguales.
Lo dicho, solo para ejemplificar lo que me preocupa. Y sobre todo, para reiterar que las personas que hablaron en la citada comisión general de la Asamblea, lo hicieron a cuenta propia. Desde luego, no sé si otros actores lo hicieron en representación de algún sector o grupo; o por mandato de quienes les pagan o les sostienen. Digo esto, por el caso de la UNP y de la FENAPE
Del señor Presidente de la Asamblea Nacional, muy atentamente.
Alberto Maldonado S.
Periodista Profesional
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