por Osvaldo León

La red de Becarios de CIESPAL que agrupa a quienes han pasado por los cursos y talleres de la institución, cuenta con  área de blogs en  donde cada uno de los usuarios aporta artículos y experiencias de comunicación.
En esta ocasión,  Osvaldo León, de ALAIC nos envía un interesante análisis sobre “Los medios en América Latina en el 2009".
 

por Romel Jurado Vargas

El artículo realiza una proyección interpretativa del pensamiento de Habermas sobre la validez de las normas de Derecho para fundamentar la idea del derecho humano a la comunicación y sus alcances normativos. En ese sentido, problematiza la pretensión originaria de los actos de comunicación en relación a como se establece el contenido y la forma de la información relevante, por ejemplo, en los noticieros de televsión; en los cuales a menudo se realiza una falsificación deliberada de la pretensión de entendimiento respecto del contenido de los discursos que se levantan en el debate público y también sobre la pretensión de neutralidad, que afirma tener el medio, al presentar la información. Finalmente se parte de las reglas de la argumentación comunicativa para establecer las condiciones normativas que el derecho a la comunicación debería garantizar a los sujetos que son sus titulares.

Romel Jurado Vargas realiza un análisis de las cuatro propuestas de la Ley de Comunicación presentadas en 2009 ante la Comisión Ocasional de Comunicación de la Asamblea Nacional del Ecuador. Previamente, hace un repaso socio histórico sobre los debates del derecho a la comunicación y su inserción en la Constitución de 1998, para luego describir el estado de la situación en la actualidad, tomando en cuenta el Informe de la Auditoría de las Frecuencias de Radio y Televisión. El autor fue consultor del CIESPAL en temas relacionados con derecho a la información y es miembro del Colectivo Ciudadano por los Derechos de la Comunicación. Este texto se encuentra en prensa y forma parte del Informe de Derechos Humanos: Ecuador, 2009, coordinado por el Programa Andino de Derechos Humanos, de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.

La Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad Central del Ecuador, en Quito, espera operar una frecuencia en AM para septiembre. Luego de casi tres décadas de trámites y espera, el Conartel le concedió una frecuencia de las dos que había solicitado. En entrevista con Fernando López, decano de la FACSO, conocemos del carácter que tendrá este medio de comunicación.

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El directorio del Conartel está constituido por delegados del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Educación, de la Superintendencia de Telecomunicaciones, de la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador y de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión.

En los 13 años de funcionamiento del Conartel, por su directorio pasaron un total de 213 miembros, de los cuales, 126 (27 %), fueron concesionarios de una frecuencia, y 67 (31.5 %) fueron representantes de algún concesionario. Esto quiere decir que el 59.2 % de los miembros del directorio actuaron ilegalmente, pues o fueron concesionarios o fueron representantes de algún concesionario y, por ley, estaban prohibidos de ser parte del organismo.

Un dato curioso: en estos trece años de funcionamiento del Conartel, han participado en su directorio un total de 46 delegados del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, todos quienes fueron siempre representantes de algún concesionario. La pregunta obvia es: ¿estuvieron en el Conartel para defender los intereses de las Fuerzas Armadas o de los dueños de la frecuencia a quienes también les representaban?

Pero no solamente ellos tenían intereses ajenos a los del país. Tres delegados del Ministerio de Educación eran también representantes de concesionarios y uno de ellos, incluso, fue concesionario de una frecuencia (Jorge Piedra Cardoso).

De los 26 presidentes que actuaron en los 13 años de análisis, 10 de ellos eran concesionarios de una frecuencia.

Por razones obvias, la mayoría de los delegados de la Asociación de Canales de Televisión y de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión fueron también concesionarios o representantes de concesionarios de frecuencias.

En este ámbito, solo la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL) cumplió con la ley, pues ninguno de los 21 delegados que actuaron en los diferentes períodos en los directorios del Conartel, tuvieron alguna vinculación con radios o canales de televisión, que les impida actuar al interior de este organismo de control y regulación.