La Constitución, en sus artículos 123 y 232, prohíbe expresamente que sean miembros de organismos estatales de control y regulación quienes tengan intereses o representen a terceros que los tengan. ¿Cómo se explica el hecho de que, pese a esta disposición constitucional, el Conartel haya estado conformado por gente relacionada directamente con la radio?
Eso muestra cómo se administraba el ente oficial encardado de regular las concesiones de frecuencias en el Ecuador, el Conartel. La inconstitucionalidad salta a la vista desde el principio. Resulta increíble –pero real- que los concesionarios manejaban el ente regulador, contraviniendo disposiciones legales y constitucionales, atentando contra la decencia, la moral y la ética.
Pero además, estaban allí para sacar ventaja, estaban al servicio de un pequeño grupo privilegiado, que manejó a su antojo esta entidad.

¿En quién debe recaer la responsabilidad de esta nominación? ¿En el Ejecutivo de entonces?
Por supuesto. Pero no sólo es el Ejecutivo (en todos los gobiernos anteriores), también son responsables los entes de control que no actuaron oportunamente o les faltó entereza, me refiero a instancias como la Fiscalía y la Contraloría. Son responsables además los directivos de los núcleos provinciales de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) y de la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión (AECTV), por quedarse callados y seguir permitiendo estos abusos. Los medios de comunicación en general, que estando tan cerca de todo este hecho de corrupción y que directa o indirectamente estaban involucrados, en su mayoría, prefirieron guardar silencio. Un silencio que huele a complicidad.
El ejecutivo coloca a su delegado, que finalmente resultaba siendo el Presidente del Directorio de Conartel. El Ministerio de Educación, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, todos son responsables de ese silencio cómplice de este perjuicio al Estado, de mirar y permitir con sus votos que se comercialice con un patrimonio de todos/as lo ecuatorianos: el espectro radioeléctrico.

Si fuera así, ¿se podría decir que hubo intereses creados que llevaron a realizar tales nominaciones?
Por los efectos o resultados de los procedimientos del Conartel que conozco, creo que sí.

En julio de 2001, el Procurador General del Estado dictaminó que Conartel no debe seguir sesionando con la participación del Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radio y Televisión y del Presidente de la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador o sus delegados. Sin embargo, recién en noviembre de 2008 se retiraron del directorio. ¿Es tan grande el poder mediático como para que haga tabla rasa incluso de los dictámenes de la Procuraduría General del Estado?
No te olvides que nadie gana una presidencia de la República teniendo en contra a los medios de comunicación. Nadie se sostiene en el poder teniendo en contra a los medios de comunicación.
Pero es que, además, el Conartel se ha considerado con capacidad de legislar. En ese marco de abuso de poder que ha sido la tónica de este organismo, se han considerado con “plenos poderes” inclusive para interpretar los pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado.

Como la constitución del Conartel es ilegal, entonces ¿todo lo actuado por el organismo carece de validez?
Eso deberá determinar la autoridad competente. En mi criterio, para llegar a esa instancia deben iniciarse procesos de juzgamiento, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa.

Si todo lo actuado es nulo ¿en qué situación debería quedar el tema de la asignación de frecuencias? ¿Todas aquellas que fueron asignadas por el Conartel deberían revertirse necesariamente al Estado? ¿Eso no podría causar una “conmoción social”?
Empecemos por la parte final de tu pregunta, “conmoción social” podría pasar si las cosas siguen como hasta ahora. No al revés. Lo que la Comisión de Auditoría ha realizado es poner en evidencia los procedimientos irregulares para las concesiones. Pensamos que esa no es la institucionalidad que queremos los ecuatorianos.
Que se reviertan al Estado las concesiones que están viciadas de ilegalidad. Por supuesto que le hace bien al país. Claro, que quienes se han privilegiado de beneficios van a saltar. En fin, frecuencias bien repartidas, libertad de expresión garantizada. Que brille la verdad y la justicia aunque perezca el mundo. Entonces que salten no más.

Si la conformación del actual Conartel es ilegal, ¿qué considera que le corresponde hacer al Ejecutivo en este momento en relación con este organismo?
Promulgar una nueva Ley de telecomunicaciones, o de radiodifusión y televisión o de comunicación, el eufemismo es irrelevante en este momento. Urge una nueva y moderna institucional, cargada de valores morales y éticos. Sólo así, con esos insumos podemos pensar en cambios de verdad en las concesiones de frecuencias. No pensemos ni esperemos que el actual Conartel y sus miembros del Directorio estén capacitados para implementar los cambios que la administración de las concesiones requiere. Mi abuela decía “quien hace un cesto hace cien”, estos personajes han hecho varios y por años.
 
Una de las críticas a la conformación del Conartel es que depende del Ejecutivo ¿Este organismo debería estar conformado de manera más independiente?
Por principio pienso que a estas alturas nadie es completamente independiente. Si creo que podemos aspirar a un organismo integrado por personas con solvencia técnica en telecomunicaciones, en comunicación y con visión nacional.    

Refiéranos brevemente cómo funcionó el mecanismo de auto-asignación de concesiones por parte de los miembros del Conartel.
Es sencillo, la Comisión pudo determinar que algunos miembros del Directorio del Conartel se prodigaron para sí mismos varios trámites con los que se beneficiaban. Es decir, lograron ponerse primeros en la lista de los trámites en curso en el Conartel, concesionándose frecuencias, muchos de ellos con evidentes muestras de irregularidad.
Adicionalmente, algunos tuvieron la “precaución” de crear mecanismos para no aparecer con sus nombres, como personas naturales, en calidad de concesionarios. Para el efecto constituyeron empresas o pusieron a sus familiares cercanos como titulares o administradores de estas concesiones. Otros actuaron con todo el descaro.

TrackBack URI para esta entrada