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Coordinadora del Área de Investigación

Si bien el 88% de la ciudadanía de Quito y Guayaquil reconoce la existencia de medios públicos en Ecuador, solo puede mencionar alguno el 37% de las 800 personas que respondieron las preguntas planteadas en una encuesta aplicada a estratos bajos, medios y altos, el 29 de agosto del 2009 en ambas ciudades, destinada a conocer la percepción sobre esta realidad nueva en nuestro país, no obstante ser de larga data en otros, sobre todo europeos. 

Es más, del 50% de las personas que dieron el nombre de algún medio de comunicación considerado por ellas como público, tan solo la cuarta parte (25,7%) acertó al mencionar a Ecuador TV, la Radio Pública y El Telégrafo, medios que han sido creados paulatinamente por el Gobierno, desde noviembre del 2007. Los demás encuestados nombraron un medio privado o uno de los medios que fueron incautados por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) entre los bienes de la familia Isaías Dassum, en agosto del 2008 (Gama TV y TC Televisión).

Esta primera constatación de la primera técnica aplicada en el marco de la investigación realizada por CIESPAL durante el pasado mes de septiembre, llevó a concluir que los medios públicos en Ecuador son una realidad que necesita posicionarse en el país. Necesita posicionarse el concepto de medio público y sus objetivos, y se necesita posicionar a la ciudadanía en toda su diversidad como principal destinataria y, sobre todo, protagonista y aun propietaria y mandataria de estos medios cuya existencia no se pone en duda por ninguno de los actores sociales y comunicacionales consultados para la investigación mencionada.

Es que, en efecto, no se pone en duda la legitimidad de la existencia de los medios públicos y el derecho del Estado, que es la ciudadanía, a crearlos y propiciarlos. Sin embargo, se los quiere diferenciados o independientes de cualquier Gobierno y de cualquier tendencia política, porque lo que define un medio público es, sobre todo, el servicio público. 

Esta noción de independencia de un medio público con respecto al Gobierno, se pudo inferir igualmente de la encuesta, ya que más del 60% de la ciudadanía de Quito y Guayaquil, opinó, quizás intuitivamente, que hay diferencias entre medio público y medio gubernamental.

Esta fue una de las importante conclusiones en los grupos focales llevados a cabo con representantes de diez organización de la sociedad civil, asentadas en Quito, que además de afirmar que los medios públicos en Ecuador  tienen que diferenciarse de los medios gubernamentales y desligarse del Gobierno, concluyeron que el rol que deben cumplir es: 1) ser puente hacia otras realidades; 2) fomentar la participación y presentar diversidad de voces, 4) ser voz de las minorías, preferentemente, y 4) convertirse en verdaderos medios de comunicación, no solo de información.

Las organizaciones sociales pusieron énfasis en la participación de la ciudadanía, en doble sentido, de adentro hacia fuera y viceversa: fuente de información requerida por el medio, por un lado y, por el otro, demandante y proponente de contenidos y espacios propios. 

Por esto, la participación es considerada por estas organizaciones como herramienta de trabajo y eje estratégico de la programación. 

Sobre todo en lo concerniente a independencia del Gobierno, participación ciudadana y oferta de servicio público, lo expresado en los grupos focales se comprobó en 25 entrevistas en profundidad, realizadas a informantes calificados, representantes de medios públicos, privados y comunitarios, de prensa, radio y televisión, así como de los ámbitos gremiales y académicos de tres ciudades: Quito, Guayaquil y Cuenca.  

Para estos informantes, como para las organizaciones sociales, la función de un medio público es formar y entretener, pero también contribuir a la construcción y consolidación de la integridad y la identidad nacionales; y en este y otros aspectos, llenar los espacios que los medios privados no han podido o no han querido cubrir. 

Es en esa medida que los medios públicos se evidencian como oferentes de un servicio público, independiente de la búsqueda de lucro o del rédito económico. Como expresó uno de los informantes consultados, directivo de un medio de comunicación privado:

“La función del medio público es impulsar lo intangible: los réditos que están en el crecimiento de la gente, en que tenga nuevas perspectivas de comunicación, que no crea que todo gira alrededor de cuatro porquerías que se ponen en la televisión, o cuatro cosas que le llaman la atención (…) Que la gente sepa que existe otro tipo de beneficios: la familia, la educación, la equidad, o sea, muchas cosas que se recitan, se aprenden a través de los medios públicos”.

De esta manera, mediante la aplicación de tres técnicas distintas de investigación, las opiniones vertidas y los resultados obtenidos permitieron constatar que, con conocimiento teórico y práctico sobre lo que es un medio público, o sin él, de manera intuitiva, la gente percibe el carácter y los objetivos de un medio público y lo concibe, sin saberlo, de la misma manera que, por ejemplo, el Consejo Mundial de Radio y Televisión, adscrito a la Unesco:

“Ni comercial ni estatal, la radio y televisión pública tienen su única razón de ser en el servicio público (…). Se define como un lugar de encuentro donde todos los ciudadanos están invitados y son considerados sobre una base igualitaria. Es una herramienta de información y de educación, accesible a todos y se dirige a todos, independientemente de la condición social o económica de unos y otros. Su mandato no se limita a la información y el desarrollo cultural; también ha de alimentar la imaginación y divertir, pero con una preocupación por la calidad que debe distinguirla del servicio audiovisual comercial.”

Es evidente, entonces, la gente ecuatoriana, sea el simple ciudadano o el especialista en comunicación social, puso en evidencia criterios similares, que llevaron a concluir que los medios públicos en Ecuador deben consolidarse como:

Los resultados obtenidos conducen también a pensar que es posible optimizar el funcionamiento de los medios públicos ecuatorianos cuya existencia es considerada por los diversos sectores sociales consultados como legítima y necesaria, para volverlos servicios públicos de cobertura nacional y posicionarlos adecuadamente como entidades independientes de cualquier Gobierno y de cualquier tienda política.  

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