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Los funcionarios y autoridades públicas son las fuentes más consultadas acerca de la Consulta Popular del próximo 7 de mayo, mientras que las voces de los representantes de las organizaciones sociales son casi inexistentes en varios medios de comunicación escritos, según un estudio de caso realizado por el Observatorio de Medios de CIESPAL.
El estudio se basa en las ediciones de los diarios El Comercio, Hoy, La Hora, El Universo, Expreso y El Telégrafo de la semana posterior a la convocatoria a Consulta Popular realizada por el Gobierno, esto es entre el 18 y 24 de enero de 2011. Se tomaron en cuenta únicamente las piezas informativas que se refieren a este proceso político y, dentro de este universo de estudio, se analizó la tendencia informativa en función de las fuentes.
Entre las principales constataciones, destaca que 50 de las 116 piezas analizadas tienen como fuente principal a una autoridad o funcionario público, mientras que sólo una coloca en ese lugar a un representante de una organización social. Adicionalmente, el estudio señala que las fuentes principales usadas por los medios no superan las 56, entre personas e instituciones. En el mismo sentido, revela la tendencia de los medios a manejar la información con pocas fuentes. Así, 67 de las 116 piezas analizadas presentan entre cero y dos fuentes, durante el período analizado, lo cual reduce el ideal periodístico de diversidad informativa.
Los diarios que componen la muestra usan 50 fuentes principales que se pronuncian en contra de la Consulta, es decir, el doble de las 25 que se pronuncian a favor, y solo registran 16 neutrales. Un síntoma de polarización en este sentido, se puede apreciar entre los diarios Hoy y El Telégrafo. En el primero (privado) una de cada diez fuentes principales se manifiesta a favor de la Consulta Popular y una de cada cuatro lo hace en contra; mientras que en el segundo (estatal) una de cada dos se pronuncia a favor y ninguna en contra del proceso político planteado por el Gobierno, lo cual contradice las declaraciones de independencia sostenidas tanto por los medios privados como por los estatales.
El estudio analiza el contexto en que se realiza la Consulta Popular y destaca, entre otros aspectos, una demanda ciudadana por mayor seguridad; una respuesta política que hace énfasis en la restricción de derechos ciudadanos; una confrontación directa entre el Gobierno y la mayoría de medios de comunicación de propiedad privada, que configuran un escenario donde se ponen en evidencia las implicaciones políticas de la comunicación y el periodismo.
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